Japón, oficialmente pacifista, restablecerá hoy mismo su ministerio de Defensa por primera vez desde su derrota a fines de la Segunda Guerra Mundial.

La decisión había sido confirmada el mes pasado por la Dieta (Parlamento), con el principal partido de la oposición que adhirió al proyecto de ley de la mayoría conservadora.

Esta decisión tiene un carácter simbólico, ya que la “Agencia de Defensa”, que hasta ahora oficiaba de ministerio, disponía de importantes recursos.

Pero más allá del cambio de nombre, lo manifiesto es la voluntad de Japón de “normalizar” su política de defensa y acrecentar su papel militar a nivel internacional al cabo de más de 60 años de doctrina pacifista.

Por otra parte, el restablecimiento de un ministerio de Defensa viene acompañado de otro texto que hace de las operaciones en el extranjero una de las misiones “prioritarias” de las Fuerzas de Autodefensa.

La Agencia de Defensa, creada en 1954, después de la Guerra de Corea, fue considerada durante mucho tiempo y en lo que se refiere la política de seguridad, como un simple anexo del ministerio de Relaciones Exteriores.

Pero su promoción al grado de ministerio está motivada por “un cambio del entorno de seguridad de nuestro país”. “Debemos lograr que nuestras fuerzas de autodefensa sean más poderosas”, declaró este fin de semana Fumio Kyuma, el director de la agencia de Defensa.

Kyuma, de 65 años, que sólo tenía rango de secretario de Estado, se convertirá el martes en el primer ministro de Defensa de la posguerra.

La nueva ley aumenta el control civil y por lo tanto político de los militares.

Esta reforma, prometida por la derecha en el poder, se inscribe en una reestructuración profunda de la política de defensa japonesa, frente al crecimiento del poderío militar de China, así como a los misiles y la amenaza nuclear de Corea del Norte.

Para los especialistas de la seguridad, la reciente crisis nuclear norcoreana dio argumentos a los belicistas conservadores—como el primer ministro Shizo Abe—que reprochan a la Constitución pacifista de 1947 que limite las ambiciones internacionales de Japón.

El artículo 9 de esta Constitución, impuesta por el ocupante estadounidense, impide en principio a las FAD de participar en operaciones de defensa colectivas, como las misiones internacionales de mantenimiento de la paz.

Mediante piruetas semánticas, Japón se dio los medios legales para enviar 600 soldados a Irak hasta julio pasado, primer despliegue nipón en un teatro de guerra desde 1945.

Abe, un nacionalista pragmático, se comprometió a revisar la Constitución antes de que termine su mandato, es decir dentro de cinco o seis años, para dotar a Japón de verdaderas “fuerzas militares”, capaces de intervenir en el extranjero.

Se trata en particular de aumentar las prerrogativas de los soldados japoneses, que por el momento no tienen derecho a disparar salvo en casos definidos de manera muy estricta como de legítima defensa.

No obstante, la voluntad de revisar la Constitución anunciada por Abe y la derecha japonesa podría preocupar a China y Japón, que temen la reaparición del militarismo nipón del cual fueron víctimas en el siglo XX.