Los crímenes cometidos por latinoamericanos en Japón provocan animosidad entre la población local y empiezan a endurecer las leyes para los inmigrantes en el país oriental.

Afectado por el fuerte descenso de la natalidad y su dependencia económica de las manufacturas para la exportación, Japón empezó a aceptar mano de obra extranjera hace dos décadas.

Actualmente, en Japón hay más de 300.000 inmigrantes procedentes de América Latina, principalmente de Brasil, muchos de ellos descendientes de japoneses que emigraron en la primera mitad del siglo pasado.

La condición de ‘nikkei’ o ‘sansei’ (descendientes de segunda o tercera generación de japoneses) era hasta hace poco considerada suficiente para entrar en Japón con libertad para buscar trabajo.

Junto a brasileños, peruanos y argentinos con apellidos japoneses, llegaron también emigrantes no nipones de otros países latinoamericanos que se quedaron legal o ilegalmente motivados por la bonanza laboral.

El sector automovilístico da trabajo a numerosas colonias latinoamericanas que residen en provincias cuyos pobladores han empezado a sufrir las consecuencias más negativas de la primera oleada de inmigración no asiática en su historia.

El caso más emblemático de lo que se espera en los próximos años en el terreno legal ocurre en Hamamatsu, al oeste de Tokio, donde residen cientos de brasileños.

En los pasados ocho años se han registrado en esa zona tres homicidios con víctimas japonesas en las que los sospechosos brasileños se han fugado a su país de origen protegidos por su Constitución, que prohíbe entregar nacionales a gobiernos extranjeros.

La imposibilidad de extraditar a los sospechosos llevó a los ciudadanos de Hamamatsu a reunir más de 700.000 firmas para pedir al Gobierno de Tokio que firme un tratado de extradición con el país sudamericano.

Sin embargo, la entrega de ciudadanos brasileños a gobiernos extranjeros con los que tiene acuerdo de extradición sólo ocurre cuando el implicado cometió el delito en cuestión antes de adquirir la nacionalidad del país sudamericano o si el acto está relacionado con el tráfico de drogas, según fuentes legales.

El caso del homicidio de una japonesa de 16 años en julio de 1999 en Hamamatsu prescribirá a mediados de 2007, según la ley brasileña, y ante el riesgo de que el crimen quede impune Tokio pidió recientemente a Brasil detener y juzgar a Higaki Milton Noboru, el principal sospechoso de haber atropellado a la menor y fugarse.

En lo que respecta a otras nacionalidades latinoamericanas, el caso más sonado de este año fue la condena a cadena perpetua del peruano José Manuel Torres Yagi por el asesinato y violación de una niña de siete años en noviembre de 2005.

Tras el caso de Torres Yagi, quien tenía procesos judiciales por abuso sexual de menores en Perú, el Ministerio de Justicia empezó a pedir a los descendientes de japoneses que quieren residir en Japón la presentación de un certificado en el que conste que no tienen antecedentes penales.

Este año la colonia colombiana en Japón supo que el hijo mayor del anterior embajador del país andino en Tokio, Ricardo Gutiérrez, era el principal sospechoso del asesinato de un ciudadano estadounidense encontrado en un baño público de un céntrico parque de la capital.

El implicado, Ricardo Andrés Gutiérrez, de 31 años, salió de Japón poco después del supuesto homicidio, ocurrido en abril pasado.

A lo escabroso e inusual de los crímenes cometidos por latinoamericanos se suman delitos menores que empiezan a afectar a las perspectivas laborales de todos los inmigrantes.

Según un plan dado a conocer este año, el Gobierno pedirá a las empresas que cada contrato o despido sea reportado para impedir la contratación de indocumentados.